El proyecto de ley 1123-2016-CR, que “declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera”, fue aprobado por el Congreso a finales de 2017, en medio de preocupantes irregularidades.
El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, las organizaciones indígenas peruanas AIDESEP y FENAMAD, y las comunidades indígenas han expresado su rechazo a la normativa. Denuncian que quebranta los derechos de los indígenas aislados y defienden que es inviable jurídicamente porque su recorrido atraviesa territorios de carácter intangible para proteger a tribus no contactadas.
El presidente de FENAMAD, Julio Cusurichi Palacios, es contundente cuando afirma que “un interés económico no puede estar por encima de un interés de vida humana”.
La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas también ha manifestado su oposición al proyecto: “Esta ley podría tener consecuencias irreversibles para la supervivencia de estos grupos (…) Las experiencias pasadas en las que la construcción de carreteras o actividades similares condujeron al contacto forzado han generado impactos irreversibles, como el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento”. |