Yovany Feliz
3 de octubre,202
Santo Domingo, R.D._El estado- gobierno ejerce el monopolio de la violencia en cuanto al manejo y tratamiento de la criminalidad.
Una arista del problema se encuentra en la adicción de sustancia controlada así como al consumo de alcohol.
Un terreno fértil para que la población infantil y juvenil en un porcentaje significativo se encuentre atrapada en ese inframundo de la adicción.
El estado- gobierno, lejos de tomar iniciativas encaminadas a erradicar ese flagelo tiende a promoverlo.
A mí modo de ver el tema, le sirve para varios propósitos, a saber:
Crea un medio de control, apelando a la violencia ciega.
Incentiva una economía subterránea dirigida a perpetuar un modelo societario basado en el no me importa y desmovilización social ante la posibilidad de que las fuerzas sociales subaltenas canalicen sus luchas y energía a empujar hacia cambios sociales sustanciales.
El diseño de combate a la sustancia controlada es un espejismo desprovisto de alternativas firmes en procura de aportar soluciones a los problemas que genera la adicción en niños, niñas y adolescentes principalmente.
Para ilustrar el tema, nos permitimos señalar el abandono de los programas de prevención estatal, así como el incumplimiento del gobierno para proveer de recursos a las instituciones que asumen el combate a estos problemas.
No me queda dudas que la prevención, y el «tratamiento de la enfermedad para curar al paciente», es correctisimo.
Desde que el nuevo inquilino del palacio nacional asumió la primera Magistratura en el 2020, de manera sistemática no se aporta recursos significativos proveniente de los recaudos que permite la ley 155-17 sobre lavado de activo.
En la antigua legislación se asumía claramente que parte de los recursos provenientes de la transgresión a la ley se iba a tomar para mitigar y prevenir la adicción.
En la actualidad predomina una ausencia total del ente estatal, pues los aportes brillan por su ausencia, contraviniendo así una herramienta eficaz de la prevención que apunta a disminuir la demanda.
Una política criminal basada en la represión y la extorsión de quienes promueven la actividad ilícita, facilitando que parte de las autoridades destinadas a prestar su concurso para enfrentar el problema, sólo se preocupen por lucrarse.
De ahí, que es pertinente que demos un vuelco de cómo enfrentar el tema, sin persistir en la violación de los derechos humanos y agravar las condiciones de salud de la población enfocada.
Es tiempo de apoyar y caminar juntos a las instituciones y personas que abogan por una política criminal para enfrentar la adicción de sustancia controlada con enfoque de derecho.
