5 de enero, 2025.
La presidencia de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP) ha sido convertida, en tiempo récord, en una plataforma de legitimación de intereses que no representan, no defienden y no respetan al piloto dominicano. La conducta asumida por el Capitán Piloto y Abogado Eugenio de Marchena Espada, lejos de fortalecer al gremio, lo expone a una crisis de credibilidad sin precedentes.
Que un recién electo presidente gremial admita públicamente que fue “enviado” o sugerido por amistades para dirigir la ANP no es un detalle menor: es una confesión política. Implica que la asociación no emergió de la voluntad orgánica de sus miembros, sino de acuerdos externos, ajenos al interés colectivo de los pilotos dominicanos. Esa sola declaración invalida cualquier pretensión de independencia gremial, está diciendo, “estoy aquí para cumplir con la misión que se me encomendó”.
Un presidente que desprecia al gremio que dirige
La presidencia de la Asociación Nacional de Pilotos no es una plataforma para legitimar intereses empresariales ni para preparar el terreno a reformas regresivas. Es un mandato para defender derechos, exigir cumplimiento de la ley y elevar la profesión, no para denigrarla.
Nunca antes se había visto que el máximo representante de los pilotos dominicanos utilizara los medios de comunicación para desacreditar públicamente la capacidad profesional de sus propios representados. Afirmar que en la República Dominicana “no hay pilotos preparados” para ingresar a alguna aerolínea en particular, no es solo falso: es irresponsable, ofensivo y profundamente lesivo para la dignidad y profesionalidad del piloto nacional.
Más grave aún es que tales afirmaciones no provengan de un ejecutivo extranjero, sino del presidente de la ANP, quien pareciera haber asumido, sin pudor alguno, el rol de vocero oficioso de la aerolínea Arajet y de ciertos intereses de inversión que gravitan alrededor del sector aeronáutico.
Cuando un presidente gremial ataca la reputación profesional de sus afiliados, no estamos ante un error de comunicación: estamos ante una traición al mandato de representación.
Un líder gremial que actúa más como vocero de aerolíneas que como representante de sus afiliados, rompe el contrato moral de la representación. Y cuando se ataca la ley que protege al profesional dominicano, no se está modernizando el sector: se está renunciando a la soberanía laboral.
El problema no es que falten pilotos dominicanos capaces.
El problema es que sobran discursos complacientes con la ilegalidad.
El problema no son los profesionales de poca experiencia, es la falta de oportunidades en su propio país, auspiciado por serviles que se dejan utilizar para beneficiar a las grandes corporaciones.
El relato falso de la “falta de pilotos”
El argumento de que Arajet necesitará 55 pilotos para el próximo año y que el país no está preparado para suplirlos es una falacia cuidadosamente construida para justificar la importación masiva de mano de obra extranjera y, en consecuencia, la modificación de los artículos 120 al 123 de la Ley 491-06.
La realidad es otra:
Aerolíneas dominicanas operan con plantillas abrumadoramente extranjeras.
Pilotos extranjeros ejercen funciones remuneradas sin permisos laborales, violando abiertamente la Ley 285 de Migración, el Código Laboral y la Constitución Dominicana.
No existen programas serios de formación, transición o ascenso para pilotos dominicanos, porque no se quiere formar, no porque no se pueda, sino porque lo que se desea es desplazar la mano de obra dominicana.
Aquí no hay escasez de talento; hay evasión deliberada de la ley.
Capacitar no es opcional: es un deber y obligación legal
El Código Laboral Dominicano, en su artículo 46 numeral 9, establece como obligación del empleador proporcionar capacitación, adiestramiento y perfeccionamiento a sus trabajadores. Esta obligación se refuerza con:
La Constitución Dominicana (artículos 7, 8 y 62),
La Ley 285 de Migración,
El Convenio de Chicago,
Las Regulaciones Aeronáuticas Dominicanas (RAD).
Por tanto, cuando se afirma que “no hay pilotos preparados”, la pregunta correcta no es a quién importar, sino quién ha fallado en formar, quién ha incumplido la ley y por qué el Estado ha tolerado esta situación.
Otras naciones como México, si no eres mexicano por nacimiento, no puedes laborar en el sistema aeronáutico de ese país de forma remunerada.
Asimismo, nuestro norte en el ámbito aviación, como lo es, los Estados Unidos de Norteamérica, cuyas empresas aeronáuticas deben cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes de su país, no como Arajet que no cumple con el Artículo 237 de la Ley 491-06 de Aviación Civil, que trata sobre la propiedad sustancial y el control efectivo de las líneas aéreas.
Aerolíneas norteamericanas donde muchos profesionales dominicanos como Francisco Díaz y Juan José Rivera laboran, pero por obligatoriedad y cumplimiento a las leyes de ese país, deben poseer permiso laboral por parte del departamento de migración de esa nación, no como los que en estos momentos forman parte de Arajet y RED Air que en un gran número, no poseen, permiso laboral y se encuentran de manera migratoria irregular en el país.
Ninguna empresa dentro de los Estados Unidos se atreve a contratar personal extranjero indocumentado, por más faltos de personal que ellos se encuentren.
El rol del Estado y la incoherencia institucional
Resulta contradictorio y preocupante que el presidente de la ANP exprese que cuente con el respaldo explícito de altas autoridades aeronáuticas y gubernamentales —IDAC, JAC, CESAC, Departamento Aeroportuario y el propio Ministerio de Turismo— mientras promueve un discurso que debilita principios constitucionales, como:
El derecho al trabajo,
La nacionalización del empleo,
La dignidad del trabajador dominicano.
Ese apoyo, lejos de tranquilizar, agrava el problema, pues sugiere una peligrosa alineación institucional contra los derechos laborales consagrados en la Constitución Dominicana.
La Constitución es clara: el Estado Social y Democrático de Derecho existe para proteger, no sustituir, al trabajador nacional; para regular el mercado, no entregarlo; para fomentar empleo digno, no precarizarlo en nombre de la inversión.
El Estado Social y Democrático de Derecho no puede convertirse en administrador de privilegios corporativos, ni el desarrollo turístico puede servir de excusa para pisotear el derecho al trabajo del dominicano.
La ley no es un obstáculo, es una obligación
Conviene recordar algo elemental: ninguna aerolínea está obligada a contratar a un piloto solo por ser dominicano, pero todas las aerolíneas que operan en territorio nacional están obligadas a cumplir las leyes dominicanas.
Los artículos 120 al 123 de la Ley 491-06 no son un obstáculo al desarrollo aeronáutico; son una garantía de soberanía laboral. Establecen excepciones claras, temporales y condicionadas, precisamente para evitar lo que hoy ocurre: la sustitución sistemática del profesional dominicano.
El artículo 120 de la Ley 491-06 es claro: el personal aeronáutico debe ser dominicano, salvo excepciones estrictamente reguladas. Los artículos 121 al 123 no prohíben la participación extranjera; la condicionan, la temporalizan y la subordinan a la formación del personal nacional y al principio de reciprocidad internacional (Convenio de Chicago).
Pretender modificar estos artículos bajo el argumento de “falta de preparación local” es jurídicamente insostenible cuando:
- Aerolíneas como RED Air operan con un 98 % de pilotos extranjeros.
- Arajet mantiene más del 85 % de su plantilla de pilotos extranjeros, muchos de ellos sin permisos laborales en el país.
Aquí el problema no es la ley, sino su incumplimiento sistemático.
Quien pretende modificarlos bajo el argumento de competitividad o inversión, lo que en realidad busca es:
- Mano de obra más vulnerable y asequible económicamente,
- Menos obligaciones de capacitación,
- Menor fiscalización,
- Y mayor dependencia extranjera.
Resulta escandaloso que el presidente de la ANP ignore —o decida ignorar— que el Código Laboral Dominicano obliga al empleador a capacitar, que la Constitución protege el trabajo nacional, y que la nacionalización del empleo es un principio de alto interés público.
La ANP no es una oficina de relaciones públicas
La Asociación Nacional de Pilotos no existe para justificar violaciones legales, ni para preparar el terreno a reformas regresivas, ni para maquillar cifras de extranjería laboral. Existe para defender al piloto dominicano, incluso —y sobre todo— cuando hacerlo incomoda a aerolíneas, inversionistas o funcionarios.
Cuando su presidente actúa como gestor de intereses ajenos, la ANP deja de ser un gremio y se convierte en un instrumento de despojo laboral.
En conclusión
No se trata de estar en contra de la inversión extranjera.
Se trata de estar en contra de la inversión sin ley, sin reciprocidad y sin respeto.
No se trata de rechazar pilotos extranjeros.
Se trata de rechazar la sustitución ilegal y permanente del profesional dominicano.
Y no se trata de modernizar la aviación dominicana.
Se trata de impedir que, bajo ese pretexto, se desmonte la protección legal del trabajo nacional, con la complacencia —o participación— de quien juró representarlo.
La historia gremial juzga con severidad a quienes, teniendo la responsabilidad de defender, optan por justificar el atropello.
No estamos de acuerdo con la modificación de la Ley 491-06 en sus artículos 120, 121, 122 y 123, y prestarse para hacerlo como representante del gremio que debe velar por la protección de los profesionales dominicanos, es una traición a quienes juró proteger al momento de candidatearse a la presidencia de la ANP.
Lo expusimos anteriormente y no nos hicieron caso, ya se ha dado inicio con un mandato explícito, la desaparición del sector aéreo nacional, para poder traer mano de obra barata para Arajet y el MRO de Punta Cana.
Escrito y por Miguel Colon.
Fuente( elaviador.do)
