cristoreydigital
2 de Marzo, 2017
Aunque poco tribunales dominicanos le han favorecido a los controladores aereos por la complicidad que tienen con el director del Instituto Dominicana de Aviación Civil, estamos seguro que la violaciones a las que han sido sometido los controladores aéreos, la República Dominicana será sancionada de nuevo y tendrá que pagar una gran suma de dinero, por la terquedad de una institución que debiera representar los intereses del Estado Dominicano.
Con una justicia amañada, jueces comprado, parcializado, representante del partido de gobierno los controladores aéreos no tendrán la mínima posibilidad de ganar los juicios a lo que han sido sometido en el país , pero en el ámbito internacional el juego cambia ya que el director del IDAC no puede intervenir y presionar a los jueces como lo ha hecho en los juicios celebrado en el país.
Esta demanda se puede evitar si la autoridades dominicana se sentaran en la mesa del dialogo y buscaran una solución salomónica al problema de los controladores aéreos dominicanos.
República Dominicana es signataria de la Convención Americana de los Derechos Humanos desde 1978, de manera soberana dispuso su ingreso como Estado miembro del sistema interamericano y reconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Marzo de 1999 con el compromiso de acatar las decisiones del tribunal.
El país ha sido sancionado varias veces por la Corte Interamericano de los Derechos Humanas (CIDH), en su mayoría los casos sometido a este organismo el estado ha perdido y ha tenido que pagar por la violaciones cometidas.
En septiembre del 2005 República Dominicana fue sentenciada por el caso de Yean Boussicout en el cual tubo que otorgarle la nacionalidad y pagar una indemnización económica que llego a la suma de varios millones de pesos.
También la nación fue sentenciada a pagar 20 millones de dólares a los familiares del desaparecido profesor Narciso Gonzales (Narcizaso), el 27 de Febrero, 2012 días de independencia dominicana el país fue sentencia por violar los derechos del dirigente social.
En ese mismo año el Estado perdió la batalla legal en el caso Nadege Dorzema también conocido como el caso Guayubin, en este caso varios militares acribillaron a balazos a un grupo de ciudadanos haitianos y un ciudadano dominicano.
Para llevar un caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos solo hay dos caminos estos caminos son un estado violador de sus propias leyes, y de convenios internacionales pronunciados en su contra.
En unos pocos años el Estado Dominicano será sometido de nuevo a la CIDH, y se podrá decir que será condenado nuevamente. Los controladores aéreos que han sido objeto de todas violaciones por partes de la autoridades de aviación civil están a un paso de someter al país por la violaciones cometida en su contra.